Financiación privada para empresas

Una pyme puede recurrir al factoring o al confirming para adelantar cobros, al leasing o al renting para equipos, al crowdlending, a los avales de una sociedad de garantía recíproca o a préstamos con garantía inmobiliaria de capital privado. Las primeras dependen de sus facturas o de su perfil de riesgo; la última se apoya en un inmueble de la empresa o de sus socios, admite importes elevados y se cierra en días. La elección depende de qué necesita financiar y durante cuánto tiempo.

Cuando el banco no renueva una póliza, la empresa puede negociar su conversión en un préstamo a plazo, cubrir el circulante con factoring o refinanciarla con capital privado sobre un inmueble de la sociedad o de sus socios. Esta última vía cancela la póliza en la notaría y deja caja para operar. Si hay varias pólizas, préstamos y deudas con Hacienda, lo sensato es plantear una reestructuración de las deudas de la empresa completa.

Una empresa debe recurrir a deuda cuando sus flujos de caja pueden pagar la cuota y los socios quieren conservar el control, y ampliar capital cuando el proyecto es incierto, el endeudamiento ya es alto o el patrimonio neto ha caído por debajo de la mitad del capital social. La deuda tiene un coste conocido y no diluye a los socios; el capital no exige cuotas, pero reparte la propiedad. Con un inmueble en garantía, la deuda puede servir de puente mientras se prepara una ampliación.

Un endeudamiento alto reduce la capacidad de una pyme para obtener nuevas operaciones bancarias, porque el banco mide la deuda frente al EBITDA y al patrimonio neto y consulta en la CIRBE todo el riesgo que la empresa tiene declarado. Por encima de ciertos ratios, pedirá más garantías, encarecerá el tipo o denegará la operación. Ordenar la deuda, alargar plazos y reducir el número de acreedores mejora su situación financiera antes de volver al banco.

El circulante estacional, como una campaña o un pedido, debe financiarse a corto plazo y devolverse con el cobro de esas ventas; la parte estructural del fondo de maniobra admite plazos largos. Financiar a largo una necesidad puntual encarece la operación, y financiar a corto una necesidad permanente tensiona la tesorería. En operaciones mercantiles por debajo de un millón de euros estructuramos plazos de hasta 10 años (15 por debajo de 500.000 €), o un préstamo puente de hasta 24 meses si el cobro está a la vista.

En nuestro análisis pesan las dos cosas: el inmueble fija el importe máximo, hasta el 50 % de su tasación, y las cuentas muestran si la empresa puede pagar o cómo devolverá el capital. No miramos únicamente el scoring ni descartamos una operación por un ejercicio en pérdidas o por un RAI si sabe cómo devolverá el préstamo. No estructuramos una operación cuya garantía no alcance o sin capacidad real de devolución, como explicamos en los préstamos con RAI para empresas.

Una operación íntegramente B2B, en la que firma la sociedad y ninguna persona física avala ni aporta garantía residencial, no computa en la CIRBE de la empresa. Si un socio o administrador firma como avalista o hipoteca su vivienda, entra la Ley 5/2019 y la operación sí se declara. Antes de estructurarla le indicamos qué régimen aplica, porque condiciona el plazo de firma y lo que verá después su banco.

Una operación mercantil se firma ante notario en 7-10 días desde la preaprobación, porque no hay FEIN ni plazo de reflexión legal. Ese margen cubre la tasación por una sociedad homologada, la revisión de la documentación societaria y la redacción de la escritura. Si la fecha aprieta por un embargo, una subasta o unas arras, el calendario se organiza como una operación de capital privado urgente, con las mismas condiciones.

El TIN para una empresa parte del 10 % y solo baja, desde el 8 %, en operaciones mercantiles de más de 5 millones de euros. Dentro de ese rango, el tipo concreto depende del porcentaje de la tasación que se financia, del plazo, del tipo de activo y de la salida prevista. En nuestros ejemplos de operaciones verá tipos del 10 %, 10,5 %, 10,95 %, 11,5 % o 12 %, siempre fijados por escrito antes de la firma. Los intereses están exentos de IVA.

Una empresa puede pagar solo intereses y devolver el capital al vencimiento mediante una estructura bullet, propia de las operaciones mercantiles. Es habitual en operaciones de un millón de euros o más, a 24-36 meses (48 como máximo), con intereses mensuales, trimestrales o en la periodicidad que se pacte, pero también cabe por debajo de esa cifra, por ejemplo a 12 meses o como préstamo puente ligado a una venta. Encaja en la compra de activos inmobiliarios que se refinanciarán después.

El administrador que firma una hipoteca en nombre de la sociedad no asume la deuda con su patrimonio personal, porque actúa como representante y la deudora es la empresa. Solo responde personalmente si además firma como avalista o hipoteca un bien propio. Sí responde, conforme a la Ley de Sociedades de Capital, de los daños causados por actuar sin la diligencia debida (artículo 236) y, si no promueve la disolución cuando procede, de las deudas sociales posteriores (artículo 367).

El depósito de cuentas anuales es la obligación de presentar en el Registro Mercantil, en el mes siguiente a su aprobación por la junta, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria del ejercicio. Lo pedimos porque es la información oficial y pública de la sociedad: muestra su patrimonio neto, su endeudamiento y si está en causa de disolución. Además, no depositarlas provoca el cierre registral, que puede impedir inscribir acuerdos necesarios para la operación.

El ratio deuda financiera neta/EBITDA divide la deuda con coste, menos la caja disponible, entre el resultado operativo antes de amortizaciones, e indica cuántos años de beneficio operativo harían falta para pagarla. Como referencia general del mercado, por debajo de 3 veces se considera holgado y por encima de 4 o 5 veces la banca suele frenar. Cuando el ratio es alto, una garantía inmobiliaria permite ordenar la deuda mientras la empresa lo recupera.

El impuesto de actos jurídicos documentados de una hipoteca lo paga el acreedor, también cuando el prestatario es una empresa: así lo establece desde noviembre de 2018 el artículo 29 del Texto Refundido de la Ley del ITPAJD. Se calcula sobre la responsabilidad hipotecaria total, no solo sobre el capital, y el tipo lo fija cada comunidad autónoma. El resto de gastos de una operación mercantil se pacta entre las partes y consta por escrito antes de la firma.

El informe de riesgos de la CIRBE recoge los préstamos, créditos, avales y demás riesgos que las entidades declarantes comunican al Banco de España sobre un titular. La propia empresa puede pedirlo gratis en la sede electrónica del Banco de España, con el certificado digital de su representante, o por escrito. Conviene revisarlo antes de pedir financiación: muestra lo que ve cualquier banco y permite corregir datos erróneos con la entidad que los declaró.