Consultoría financiera de capital privado

Un asesor financiero empieza por elaborar el mapa completo de sus deudas: acreedor, saldo, cuota, tipo, garantías y fechas críticas, como embargos o recargos. Con ese diagnóstico ordena prioridades, negocia con los acreedores cuando hay margen y propone una solución viable: reunificar con la garantía de un inmueble, vender un activo o combinar ambas cosas. Si no hay patrimonio ni ingresos que sostengan una nueva cuota, se lo dirá con franqueza en lugar de añadir otra deuda.

Conviene reunificar cuando la cuota resultante cabe con holgura en sus ingresos y el inmueble vale más para usted conservado que vendido. Vender es preferible si la nueva cuota no es sostenible o si el inmueble no aporta ni renta ni uso. Entre ambas opciones existe una tercera: reunificar las deudas con carencia mientras se vende con calma, mediante un anticipo de venta inmobiliario que se cancela con la compraventa.

Contratar a un consultor tiene sentido cuando su caso no cabe en una solicitud estándar: varias deudas con distintos acreedores, varios inmuebles, una herencia con herederos que no aportan, un divorcio o un grupo de sociedades con activos cruzados. En esos casos, presentar la operación sin estructurar suele terminar en negativas o en soluciones parciales. Un buen asesoramiento financiero ordena primero quién firma, qué garantías se aportan y qué se paga en la notaría.

Renegociar antes de reunificar es posible y a menudo conveniente: con una financiación preaprobada y una fecha de notaría, muchos acreedores aceptan una quita, renuncian a parte de los intereses o fijan un saldo cerrado a cambio de cobrar al contado. Ese ahorro reduce el importe que hay que pedir. Le ayudamos a plantear esa negociación con el mapa de deudas en la mano, y cada acuerdo se refleja en un certificado de deuda que se paga en la firma.

A una empresa con patrimonio y sin caja, la consultoría le aporta una forma de convertir ese patrimonio en liquidez sin vender: hipotecar la nave, el local o el inmueble de la sociedad patrimonial del grupo y llevar el dinero a la operativa. Antes revisamos qué sociedad debe firmar, si existe interés social que justifique la garantía y qué deudas conviene cancelar en la notaría. El resultado es una sola operación mercantil, con firma en 7-10 días.

El diagnóstico financiero es gratuito y no tiene coste si al final no se firma ninguna operación. No cobramos nada por adelantado: nuestros honorarios, la comisión de apertura y el resto de gastos solo se liquidan el día de la firma ante notario y constan antes por escrito, en la FEIN si firma un particular. Si el diagnóstico concluye que la mejor salida no pasa por un préstamo, se lo decimos igualmente.

Cuando la consultoría termina en una operación, el dinero lo aportan nuestros fondos de deuda, family offices e inversores institucionales, elegidos según el importe, el plazo y el tipo de garantía. Nosotros estructuramos la operación y la llevamos hasta la notaría, donde el acreedor firma y la hipoteca se inscribe a su favor en el Registro de la Propiedad. Las condiciones son las de nuestra financiación privada, con TIN desde el 10 %.

La nueva cuota puede llegar al 40 % de sus ingresos reales y demostrables, sumando nóminas, pensiones, alquileres o rendimientos de actividad. Ese límite protege la viabilidad de la operación: por encima, cualquier imprevisto vuelve a generar impagos. Si con 20 años de plazo la cuota sigue superando ese porcentaje, el diagnóstico busca otra combinación, como vender un activo para reducir el importe que hay que financiar.

Puede hacer toda la consultoría a distancia, sin desplazarse a Barcelona: el diagnóstico se trabaja por teléfono, videollamada y correo electrónico, y la documentación se envía en formato digital. El único acto presencial es la firma, ante el notario que usted elija en su ciudad. Atendemos en toda España, de 9 a 14 h y de 15 a 18 h, sin oficinas locales.

Una sola operación puede reunificar deudas personales y de su empresa si se estructura con el deudor correcto para cada una y con garantías suficientes. Puede firmar usted junto con la sociedad, con los inmuebles de ambos como garantía y el pago a cada acreedor en la notaría. Si interviene una persona física con garantía residencial, la operación se rige por la Ley 5/2019. La parte empresarial sigue la lógica de los préstamos para reestructurar deudas de empresas.

El interés social es el interés común de la sociedad y de sus socios, y los administradores deben actuar siempre a su servicio. Cuando una sociedad hipoteca su inmueble para garantizar deudas de otra sociedad o de un socio, debe existir un beneficio para ella, como pertenecer al mismo grupo o recibir una contraprestación. Si no se justifica, la garantía puede impugnarse o rescindirse en un concurso. Por eso documentamos ese interés y el acuerdo de la junta.

Para hipotecar un inmueble completo en proindiviso deben consentir todos los copropietarios, porque es un acto de disposición sobre la cosa común. Cada uno puede hipotecar por sí solo su cuota indivisa, como permite el artículo 399 del Código Civil, pero los inversores rara vez aceptan esa garantía. En herencias sin repartir o en divorcios, la consultoría resuelve primero quién consiente y quién aporta, como ocurre al aceptar una herencia.

Una quita es la reducción pactada del importe de una deuda: el acreedor renuncia a una parte a cambio de cobrar el resto. La aceptan porque cobrar hoy y con certeza vale más que reclamar durante años, con costes judiciales y riesgo de no recuperar nada; es frecuente en deudas antiguas o cedidas a fondos de recobro. Para que funcione, el pago debe ser real y al contado, como el que se hace en la notaría con la nueva financiación.

El asentimiento del cónyuge es el consentimiento que exige el artículo 1320 del Código Civil para disponer de la vivienda habitual de la familia, aunque pertenezca solo a uno de los cónyuges. Sin él, o sin autorización judicial, la hipoteca puede anularse. En Cataluña, el artículo 231-9 del Código Civil catalán establece una regla equivalente. El cónyuge no titular no se convierte en deudor: solo autoriza el acto sobre la vivienda familiar.

La carta de pago es el documento en que el acreedor reconoce haber cobrado y declara saldada la deuda. Hay que pedirla a cada acreedor porque es la prueba que permite levantar un embargo, cancelar una hipoteca en el Registro de la Propiedad o solicitar la baja de un fichero de impagos. En nuestras operaciones, el pago se hace en la notaría y la carta de pago se recoge allí mismo para tramitar después cada cancelación.