El Tribunal Supremo se ha pronunciado definitivamente esta semana sobre cómo deberían repartirse los distintos gastos de constitución de una hipoteca. La cuestión había estado en boca de entidades y consumidores desde 2015 cuando se declararon nulas por abuso las cláusulas generales que introducían los bancos cargando los gastos al cliente. Este fallo supuso gran cantidad de demandas y reclamaciones judiciales en contra de los bancos.

Por desgracia así es. El poder adquisitivo de los pensionistas podrá reducirse hasta un 30 por ciento tras la aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado 2017. Según Fedea, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, los pensionistas más longevos serán los más afectados y podrán llegar a tener una pérdida de su nivel adquisitivo de hasta el 30 por ciento. Como alternativa para no llegar a este punto Fedea propone bajar la pensión inicial pero mantenerla constante a lo largo de los años. Una propuesta con la que se modificaría el actual índice de revalorización de las pensiones. En este momento dicho índice limita la subida de las pensiones tanto por arriba como por abajo. Esta limitación responde a los ingresos y gastos que tiene el sistema. Es precisamente por el actual índice de revalorización que las pensiones llevan cuatro años consecutivos subiendo un 0.25 por ciento, el nivel mínimo que permite esta fórmula y que lleva año tras año a perder una importante cantidad de poder adquisitivo a los pensionistas. Ya que estas subidas, de tipo nominativo más que otra cosa, no sirven para hacer frente a la subida del nivel de vida que vivimos año tras año. Según los cálculos de Fedea el sistema de pensiones seguirá en déficit hasta el año 2061 si se sigue utilizando el actual índice de revalorización. ¿Qué significa esto? Que hasta entonces las pensiones están condenadas a subir únicamente un 25 por ciento, lo que hará que nuevos y antiguos ancianos no tengan suficiente capacidad económica como para poder subsistir con la pensión estatal. Es decir, que el poder adquisitivo irá cayendo año tras año de manera desastrosa. Cambiar el sistema de pensiones para evitar jubilados pobres Según Fedea esta situación se podría arreglar con lo indicado unas líneas más arriba: bajar la pensión inicial y mantener en el tiempo el poder adquisitivo de los pensionistas. Esta medida no solamente nos evitaría la reducción del poder adquisitivo de los pensionistas, sino que además sería mucho más comprensible para la población. A raíz de los datos ofrecidos por FEDEA Alfonso Sánchez, de la Universidad Complutense de Madrid, ha realizado un estudio mucho más concienzudo de la situación financiera del sistema de pensiones en España. En este estudio ha proyectado la evolución del sistema de pensiones hasta el año 2070 bajo diferentes supuestos de reforma y escenarios macroeconómicos. Según los datos se distinguirían un total de dos fases en la población española que afectará al sistema de pensiones. 1. Fase de envejecimiento agudo entre 2015 y 2048 2. Fase de normalización entre 2049 y 2070. Gracias a esta normalización y al aumento de población joven el sistema de pensiones mostraría un menor grado de estrés. Si tenemos en cuenta esta división demográfica el sistema de pensiones necesitaría fortalecerse durante el periodo de mayor envejecimiento. Si el sistema se mantiene tal cual todos aquellos nacidos entre 1965 y 1985 se tendrán que enfrentar a una reducción del nivel de bienestar muy alta en comparación a las generaciones anteriores. A pesar de que las reformas de 2011 y 2013 ayudan a mejorar ligeramente esta situación, son ineficientes e insuficientes teniendo en cuenta el patrón de población. La reforma de 2013 será capaz de cubrir a la población más joven pero no ayuda a evitar que los trabajadores de mediana edad empeoren su situación en comparación a los actuales pensionistas. En este escenario, según Fedea, los pensionistas perderán un 30 por ciento del valor de su pensión entre el periodo comprendido desde el año 2015 hasta el año 2070. Ante esta situación Fedea insiste en que no podemos dejarlo todo en manos de un posible crecimiento de la productividad: “Si se trata de jugarnos las pensiones a la lotería de la productividad, también es necesario estudiar las consecuencias de que el ticket no resulte premiado".

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¿Qué dice la nueva sentencia sobre los gastos hipotecarios?

El fallo dice que los gastos se tienen que repartir equitativamente entre la entidad y el consumidor, con algunas excepciones. En este artículo vamos a repasar brevemente las características más notorias de la sentencia y lo que supone en la firma de las nuevas hipotecas.

¿Quién debe pagar al notario?

El fallo establece que bancos y clientes deberán compartir el pago de los aranceles notariales de la escritura del préstamo así como la de modificación. En el caso de ser una escritura de cancelación corresponde al cliente. Cada copia de estos documentos debe pagarla quien la pida.

¿A quién corresponden los aranceles del registro?

El tribunal supremo asume aquí que el único interesado en registrar el crédito es el prestamista, por lo que carga el coste al banco. En el caso de que se inscriba la cancelación, sin embargo, será el cliente quien la abone

¿Qué parte pagará la asesoría?

Los gastos de gestoría por la firma de la hipoteca tendrán que ser soportados a partes iguales por las partes firmantes del contrato.

¿A quién beneficia la sentencia del Supremo?

La sentencia del Tribunal Supremo beneficia de forma clara a la banca, que a partir de ahora no se verá afectada por los fallos en contra de juicios y demandas de consumidores que hasta ahora le hacían correr con todos los gastos de las hipotecas.

¿Qué supone el fallo para los consumidores?

Cualquier consumidor que vaya a firmar una hipoteca podrá solicitar a su banco un reparto de gastos similar al que fija la sentencia del Tribunal Supremo, ya que puede estar seguro de que un juez lo impondrá si demanda. Algo parecido ocurre con quien ya firmase una hipoteca con un reparto de gastos diferente: la sentencia le da la posibilidad de pedir a su banco que iguale estas condiciones y reparto de gastos.

¿Qué supone el fallo para la reforma hipotecaria?

La reforma hipotecaria que se plantea (y que todavía está pendiente de pasar por el Senado donde podría ser modificada), prevé que todos los gastos se carguen a la banca a excepción de la factura de la tasación de la vivienda. La razón es para que el cliente pueda escoger la firma que valora un inmueble en el que está interesado y no sea el banco, otorgando un extra de transparencia y tranquilidad a los firmantes.


Noticia original en Cinco Días